Tienen consideración de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) aquellas que tienen por objeto la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos.

La Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, estableció un régimen jurídico orientado a facilitar el desarrollo pleno de la inversión colectiva en España, y fue desarrollada por su Reglamento aprobado por Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre. Sin embargo, en aras de instituir de forma clara, ordenada y completa en sede legal los aspectos sustantivos del régimen jurídico de las IIC y de transponer a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas que han modificado la regulación comunitaria al respecto, sobretodo en lo relacionado a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, se ha aprobado la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que deroga la anterior Ley.

Del mismo modo, aunque con dos años de retraso, a finales de 2005 se aprobó el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, y se adapta el régimen tributario de las instituciones de inversión colectiva. Por lo que también el antiguo reglamento de las IIC queda derogado.

Según la nueva Ley, las IIC sólo pueden adoptar la forma jurídica de Fondo de Inversión (FI) o de Sociedad de Inversión (SI), que pueden ser a su vez de carácter financiero o no financiero. Se simplifican los tipos de Fondos de Inversión existentes, por lo que desaparecerán las denominaciones de Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM) y Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario (FIAMM). Del mismo modo, las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo (SIM) y las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV) pasan a denominarse Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). De hecho, la Disposición transitoria segunda de la Ley establecía un plazo de dos años desde su entrada en vigor, es decir, hasta el 5 de febrero de 2006, para que las SIM se conviertan en SICAV. En caso contrario, su autorización ha sido revocada, cancelándose de oficio su inscripción en el registro administrativo de la CNMV. Por su parte, el Reglamento establece que el resto de instituciones de inversión colectiva dispondrán de un año desde su entrada en vigor, es decir, hasta el 9 de noviembre de 2006, para adaptarse a la normativa que en él se establece.

En el preámbulo de la Ley, se establece que será la CNMV quién establecerá las categorías de las IIC en función de su vocación inversora y que las propias las IIC deberán facilitar la información sobre su propia vocación a los partícipes y accionistas, así como incorporar en sus estatutos o reglamentos los elementos básicos de su política de inversión.

Otra de las reformas introducidas por la nueva Ley es la creación de FI y SI por «compartimentos». Un FI o una SI puede dividirse en «compartimentos», es decir, un FI podría estar compuesto por otros fondos «más pequeños», cada uno de los cuales tendrá una denominación propia y podrá seguir una estrategia diferente a los demás compartimentos:

«Art. 3. (…) 2. Podrán crearse fondos de inversión por compartimentos en los que bajo un único contrato constitutivo y reglamento de gestión se agrupen dos o más compartimentos, debiendo quedar reflejada esta circunstancia expresamente en dichos documentos. Cada compartimento recibirá una denominación específica en la que necesariamente deberá incluirse la denominación del fondo. Cada compartimento dará lugar a la emisión de sus propias participaciones, que podrán ser de diferentes clases, representativas de la parte del patrimonio del fondo que les sea atribuido. La parte del patrimonio del fondo que le sea atribuido a cada compartimento responderá exclusivamente de los costes, gastos y demás obligaciones expresamente atribuidas a ese compartimento y de los costes, gastos y obligaciones que no hayan sido atribuidas expresamente a un compartimento en la parte proporcional que se establezca en el reglamento del fondo. A los compartimentos les serán individualmente aplicables todas las previsiones de esta ley con las especificidades que se establezcan reglamenta-riamente en lo referido, entre otros, al número mínimo de partícipes, patrimonio mínimo y requisitos de distribución del mismo entre los partícipes.»

«Art. 9. (…) Podrán crearse sociedades de inversión por compartimentos en los que bajo un único contrato constitutivo y estatutos sociales se agrupen dos o más compartimentos, debiendo quedar reflejada esta circunstancia expresamente en dichos documentos. La parte del capital de la sociedad correspondiente a cada compartimento responderá exclusivamente de los costes, gastos y obligaciones atribuidos expresamente a un compartimento y de los costes, gastos y obligaciones que no hayan sido atribuidos expresamente a un compartimento, en la parte proporcional que se establezca en los estatutos sociales. Cada compartimento recibirá una denominación específica en la que necesariamente deberá incluirse la denominación de la sociedad de inversión. Cada compartimento dará lugar a la emisión de acciones o de diferentes series de acciones, representativas de la parte del capital social que les sea atribuida. A los compartimentos les serán individualmente aplicables todas las previsiones de esta ley con las especificidades que se establezcan reglamentariamente en lo referido, entre otros, al número mínimo de accionistas, capital social mínimo y requisitos de distribución del mismo entre los accionistas.»

Una de las novedades más significativas del reglamento lo constituyen las Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) a las que se excepciona del cumplimiento de gran parte de los requisitos de actuación aplicables a las demás IIC de carácter financiero (que veremos más adelante).

Estas excepciones se justifican al tratarse de instituciones que se dirigen a un tipo de «inversor cualificado» y al que, por tanto, se puede permitir una mayor libertad en su capacidad de elección. De esta forma, se integran en el ordenamiento jurídico español la figura de los conocidos comúnmente como «hedge funds» o fondos de inversión libre, caracterizados por una gran libertad en el desarrollo de su política de inversión y una mayor flexibilidad en el cumplimiento de los requisitos de información y liquidez.

El Reglamento, también da cabida los fondos de inversión cotizados o EFTs (de Exchange Traded Funds), configurándolos como aquellos cuyas participaciones están admitidas a negociación en bolsas de valores. Con el desarrollo de esta figura se pretende ampliar la gama de productos ofertados y permite la existencia de fondos semejantes a los fondos índice, que se diferencian al permitir la adqui- sición o venta de la participación no solo una vez al día, sino durante todo el período diario de negocia- ción en la correspondiente bolsa de valores.

Definición y marco legal de las Instituciones de Inversión Colectiva
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